Fernando ReynosoLa Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una presunta maniobra de fraude tributario que habría provocado un perjuicio al Estado de unos 10 millones de dólares. El operativo, bautizado “Retenciones fantasma” e impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, incluyó 85 allanamientos en distintos puntos del país, entre ellos Rosario y el departamento General López, y terminó con 23 personas detenidas, todas de nacionalidad argentina y mayores de edad.
La causa comenzó con una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA‑DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares en el comercio de granos. De acuerdo con la pesquisa, los involucrados habrían simulado compras y ventas de cereal para registrar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE), la herramienta en la que se informan los montos de impuestos que se descuentan en cada operación. Con esas retenciones inventadas, habrían solicitado reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no les correspondían, es decir, reclamaban al Estado la devolución de un impuesto que nunca se había pagado.
Los investigadores del Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales, trabajaron con tareas de campo y con técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), es decir, con el análisis de información de acceso público. Ese trabajo, sumado a un estudio detallado de los datos disponibles, permitió identificar a las personas y empresas que habrían participado en el circuito.
Con esas pruebas, el juez ordenó registrar 85 domicilios en Rosario y General López (Santa Fe); Villaguay (Entre Ríos); Sarmiento y la capital de Santiago del Estero; la ciudad de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Escobar (provincia de Buenos Aires). Los procedimientos buscaban secuestrar elementos útiles para la causa y concretar las detenciones dispuestas, y dejaron un saldo de 23 detenidos. Los agentes se llevaron 10 vehículos, 55 celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks, tres discos externos, dos gabinetes informáticos y documentación. También incautaron 15.433.100 pesos, 78.205 dólares, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos en efectivo, además de una licencia de conducir y un DNI.
La causa está en manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Secretaría Nº 4, de Damián Ignacio Mazzucco. También interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7, encabezada por Gabriela Ruíz Morales, con la secretaría de Diego Crespi. Los imputados quedaron a disposición del magistrado, acusados de presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y de otros delitos previstos en la Ley Nº 27.430 y el Código Penal.
