Fernando ReynosoEl 3 de octubre de 2026, una bolsa transparente contenía un cartucho de escopeta calibre 12 y otro calibre 9 milímetros, ambos vivos, junto con un papel que llevaba la inscripción «E.M. BASTARDO» y fue encontrada en la ventana de una vivienda ubicada en la calle España al 1500 de Venado Tuerto.
El caso se desarrolló bajo la coordinación del Dr. Iván Gastón Raposo, fiscal coordinador de la Persecución Penal de los Delitos contra la Propiedad y Conexos, y el Dr. Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas del Ministerio Público de la Acusación, quien condujo las diligencias investigativas que permitieron individualizar y localizar al sospechoso.
La víctima, un hombre de 73 años, descubrió los elementos alrededor de las 8:30 y relacionó las iniciales con su hijo; el hallazgo le provocó temor y motivó la intervención policial. La Fiscalía vinculó el episodio con un conflicto personal de larga data entre el imputado y el hijo de la mujer, y la denunciante relató que en diciembre de 2025 el investigado se había presentado en su domicilio y le había manifestado que había sentido deseos de matarla y atropellarla con un automóvil, mencionando también que conocía información sobre su familia.
El trabajo investigativo de Peña incluyó una comunicación con el hijo señalado en las amenazas, quien reside en el exterior, y la articulación de diligencias con personal de la Comisaría Segunda de Venado Tuerto y de la Policía de Investigaciones de Casilda, lo que permitió reunir información para identificar al sospechoso y establecer su domicilio.
En la audiencia del 7 de octubre, Raposo formuló la imputación y solicitó medidas para proteger a la denunciante y asegurar la sujeción del imputado al proceso. La jueza Andrea Melisa Cavallero dispuso su libertad bajo condiciones, conforme al pedido de la Fiscalía y la Defensa, y ordenó prohibir al hombre acercarse a menos de 100 metros o contactar por cualquier medio al destinatario de la amenaza en su domicilio y a sus familiares, presentarse semanalmente ante el MPA y prohibirle tener armas de fuego, portar armas de cualquier tipo y tener municiones, además de un embargo sobre un vehículo como caución.
A pedido de Raposo, la resolución incluyó rondas policiales periódicas en el domicilio de la víctima y la implementación de un botón antipánico, como medidas concretas de protección mientras continúa el proceso penal.
