Fernando ReynosoEl 3 de octubre, en la calle España 1500 de Venado Tuerto, una mujer de 73 años, N.G.D., encontró en la ventana de su vivienda una bolsa transparente que contenía un cartucho de escopeta calibre 12 y una munición calibre 9 milímetros, ambos sin percusión, junto a una nota con la inscripción “E.M. BASTARDO”.
Al revisar el mensaje, la propietaria vinculó las iniciales con las de uno de sus hijos, E.L.M., lo que generó temor y llevó a la intervención policial y a la posterior investigación penal.
La Fiscalía relacionó el hecho con un conflicto personal de larga data entre el imputado, M.O.R., y el hijo de la mujer. En diciembre de 2025, el mismo imputado habría visitado el domicilio de N.G.D. y le habría expresado deseos de matarla y atropellarla con un automóvil, además de referirse a información sobre integrantes de su familia, lo que fue incorporado a la investigación.
Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas del Ministerio Público de la Acusación, y el fiscal Iván Gastón Raposo lideraron la investigación. Se comunicaron con E.L.M., quien reside en el exterior, y trabajaron con efectivos de la Comisaría Segunda de Venado Tuerto y de la Policía de Investigaciones de Casilda para reunir información, identificar al sospechoso, determinar su domicilio y avanzar con la formulación de cargos.
En la audiencia del miércoles 7 de octubre, Raposo imputó a M.O.R. por amenazas calificadas por su carácter anónimo y solicitó medidas de protección. La jueza Andrea Melisa Cavallero ordenó que el imputado permanezca en libertad bajo condiciones, prohibiendo acercarse a menos de 100 metros o mantener contacto con N.G.D., E.L.M. y N.M., así como presentarse semanalmente ante el Ministerio Público de la Acusación.
Además, el juez prohibió que M.O.R. posea armas de fuego, porte cualquier tipo de arma o tenga municiones, y ordenó un embargo sobre un vehículo en concepto de caución. Como parte de las medidas de protección, se dispusieron rondas policiales periódicas en el domicilio de la mujer y la implementación de un botón antipánico mientras continúa el proceso penal.
