--- canonical_url: "https://cfrmedios.com.ar/contenido/1122/ministerio-de-justicia-pide-siete-anos-de-carcel-a-acusado-por-amenazar-al-presi" title: "MINISTERIO DE JUSTICIA PIDE SIETE AÑOS DE CÁRCEL A ACUSADO POR AMENAZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MURPHY" article_type: "Article" description: "El Ministerio Público solicita una condena de siete años de prisión efectiva por amenazas contra Hugo Ezequiel Rodríguez, con el fin de obtener la reubicación de un carrito de comida. Se detalla la evidencia y declaraciones que sustenta la acusación." main_image: "https://cfrmedios.com.ar/download/multimedia.miniatura.886d5165b01359b9.bWluaWF0dXJhLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-08-31T12:01:00-03:00" date_modified: "2026-08-31T12:02:40-03:00" author_name: "Fernando Reynoso" author_url: "https://cfrmedios.com.ar/usuario/2/fernando-reynoso" --- # MINISTERIO DE JUSTICIA PIDE SIETE AÑOS DE CÁRCEL A ACUSADO POR AMENAZAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MURPHY El Ministerio Público de la Acusación solicitó siete años de prisión efectiva para J. O. B., acusado de haber amenazado al presidente comunal de Murphy, Hugo Ezequiel Rodríguez, con el propósito de obtener una decisión favorable vinculada con la ubicación de un carro de venta de comidas. ![](https://b4260387.assetcdn.net/2.0/4260387/wp-content/uploads/2026/08/1788182357116459_1788183571752-300x180.jpg?lossy=2&strip=1&avif=1) La requisitoria de acusación fue presentada el 28 de agosto por el fiscal Iván Gastón Raposo, coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA de Venado Tuerto. El planteo sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio oral y procurar una sentencia condenatoria. La investigación también contó con la intervención del Dr. Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas, dentro del análisis del caso y la definición de la respuesta penal promovida por la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió durante la tarde del 24 de julio de 2026, cuando J. O. B. habría enviado una serie de mensajes de audio por WhatsApp a Rodríguez. El reclamo estaba relacionado con su actividad comercial y apuntaba a conseguir autorización para trasladar su carro de comidas a otro sector o, como alternativa, lograr la reubicación de otro puesto. Según la Fiscalía, las comunicaciones dejaron de ser solamente un reclamo cuando el acusado comenzó a acompañar sus exigencias con anuncios de actos violentos e ilegales dirigidos a condicionar la decisión del presidente comunal. Entre las expresiones incorporadas a la investigación, el acusado habría manifestado que, si debía hacer las cosas mal, haría “un ruido bárbaro en el pueblo” y afirmó que estaba acostumbrado “a otro nivel de violencia”. También mencionó a personas a las que vinculó con “los Cantero” y describió como capaces de cualquier cosa. La acusación señala además que habría advertido que no regresaría a prisión y que, ante una eventual intervención policial, se enfrentaría a tiros con quienes fueran a buscarlo. Finalmente, condicionó su accionar a la respuesta que recibiera de Rodríguez: “Si vos no me das, el lunes no me das una respuesta favorable, yo lo voy a buscar a mi manera”. Para el MPA, esas expresiones tuvieron como finalidad restringir la libertad de decisión de Rodríguez en el ejercicio de sus funciones públicas. El presidente comunal manifestó que los mensajes le provocaron temor por su seguridad y la de su familia. El núcleo de la acusación está conformado por los audios y conversaciones de WhatsApp aportados por Rodríguez, su declaración testimonial y la actuación policial iniciada luego de que el contenido de los mensajes fuera puesto en conocimiento de la Subcomisaría 10ª de Murphy. También se incorporaron elementos obtenidos durante los allanamientos realizados el 30 de julio. En esos procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares y una pistola de aire comprimido calibre 6 milímetros. La propia requisitoria aclara que el hallazgo de esa pistola no demuestra que el acusado tuviera un arma de fuego ni que fuera el elemento mencionado en los audios, por lo que debe ser considerado únicamente como un dato contextual. El caso ya había tenido un avance judicial el 3 de agosto, cuando la jueza penal Mariana Vidal tuvo por formulada la imputación por amenazas coactivas agravadas y dispuso la prisión preventiva ordinaria de J. O. B., rechazando las medidas alternativas solicitadas por la defensa. La Fiscalía encuadró el hecho como amenazas coactivas agravadas por haber tenido como propósito obtener una medida o concesión de los poderes públicos. La escala prevista para esa figura penal es de cinco a diez años de prisión o reclusión. Dentro de ese marco, Raposo solicitó una condena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo y pidió además que, en caso de ser condenado, J. O. B. sea declarado reincidente por tercera vez, junto con las accesorias legales y las costas del proceso. El fiscal sostuvo que el caso excede una discusión relacionada con una actividad comercial. “No estamos frente a una mera discusión o a un reclamo formulado en términos inapropiados. La evidencia permite sostener que se habrían anunciado males graves y violentos para condicionar la decisión de una autoridad pública”, afirmó. Raposo agregó: “Las diferencias o necesidades particulares deben canalizarse por las vías legales: ninguna persona puede pretender imponer su voluntad mediante amenazas, y mucho menos intentar doblegar de ese modo a quien ejerce una función institucional”. La requisitoria incluye finalmente el pedido de apertura del juicio oral y público, instancia en la que se debatirán las pruebas y se determinará la responsabilidad penal del acusado. Los siete años solicitados constituyen la pretensión de pena del Ministerio Público de la Acusación y no una condena firme. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.