Fernando ReynosoLa provincia de Santa Fe ha logrado un importante triunfo judicial con la resolución favorable en el recurso de amparo presentado por el estado de las rutas nacionales 33, 8 y 7. Esta victoria no solo es un reconocimiento a la lucha de los habitantes del departamento General López, sino que también marca un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno Nacional y la provincia en cuanto al mantenimiento de estas vías.
La senadora provincial Leticia Di Gregorio valoró este fallo como un paso importante hacia la rendición de cuentas del Gobierno Nacional sobre el impuesto nacional a los combustibles. Según ella, este impuesto debe utilizarse para mejorar la infraestructura vial, lo que ha sido un reclamo constante de la provincia durante años. La legisladora destacó que las rutas nacionales 33, 8 y 7 no son simplemente líneas en un mapa, sino que son las vías que utilizan todos los días para trabajar, estudiar, atender su salud, visitar a sus familias o trasladar la producción.
La situación adquiere una dimensión productiva significativa, ya que la ruta nacional 33 constituye uno de los principales corredores utilizados para transportar la producción del sur santafesino hacia los puertos del Gran Rosario. La circulación permanente de transporte pesado convive con los desplazamientos cotidianos entre las localidades de la región, lo que genera mayores riesgos, roturas de neumáticos, daños en trenes delanteros, mayores tiempos de viaje y costos adicionales para familias, trabajadores, transportistas y empresas.
En este sentido, Di Gregorio enfatizó que el deterioro acumulado de las rutas no solo implica mayores riesgos, sino que también genera un impacto económico significativo en la región. La legisladora destacó que durante demasiado tiempo se ha acostumbrado a calcular cuánto más se va a tardar, por dónde conviene pasar o qué precio se va a pagar por la falta de mantenimiento de estas vías.
Finalmente, la senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó que este fallo judicial tiene un significado muy importante para toda la región, ya que marca un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno Nacional y la provincia en cuanto al mantenimiento de las rutas nacionales. Espera que este avance judicial sea el comienzo de una nueva etapa en la que el Gobierno Nacional se comprometa a mejorar la infraestructura vial y a rendir cuentas sobre el uso del impuesto nacional a los combustibles.
