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LA CORTE SUPREMA CONFIRMA EL DECOMISO DE $684.990.350.139,86 A CRISTINA KIRCHNER Y OTROS CONDENADOS EN LA CAUSA VIALIDAD

La decisión del máximo tribunal judicial argentina deja sin efecto la posibilidad de recursos adicionales para las defensas de la ex presidenta y otros condenados.
02 de julio de 2026Fernando ReynosoFernando Reynoso

La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había establecido el monto de $684.990.350.139,86 para ejecutar el decomiso sobre los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad. La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. La Corte Suprema consideró que los recursos de las defensas eran inadmisibles, según lo establecido en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La causa Vialidad se refiere a la administración fraudulenta de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de Cristina Kirchner. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta y la inhabilitó perpetuamente para ejercer cargos públicos. Además, condenó a otros ex funcionarios, incluyendo a Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López.

La decisión de la Corte Suprema confirma el decomiso de $684.990.350.139,86, que es el resultado de la actualización del monto originalmente fijado en concepto de decomiso. La suma se ajustará cuando el fallo adquiera firmeza. La decisión de la Corte Suprema es un golpe para las defensas de Cristina Kirchner y otros condenados, ya que deja sin efecto la posibilidad de recursos adicionales.

La causa Vialidad es solo una de las muchas causas que involucran a Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de su gobierno. La decisión de la Corte Suprema es un paso importante en la justicia transicional en Argentina, que busca responsabilizar a los responsables de la corrupción y el mal uso de fondos públicos durante el gobierno de Cristina Kirchner.

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