REFORMA DE SEGURIDAD EN SANTA FE: NUEVAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE RECUPERACIÓN DE INMUEBLES
El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, que entrará en vigor ocho días después de su publicación y contiene cambios para acelerar respuestas judiciales y ampliar la recuperación de propiedades usadas para delinquir.
El Senado sancionó definitivamente la Ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública el 19 de noviembre, con voto unánime en general sobre el texto modificado por Diputados. La norma, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quedó a la espera de su promulgación y publicación, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, señaló que comenzará a regir ocho días después de su difusión en el Boletín Oficial.

Entre las medidas cautelares que introduce la reforma se incluyen presentaciones periódicas ante la autoridad, restricciones de circulación por zonas específicas y la prohibición de acercamiento a la víctima. En casos de violencia de género o delitos sexuales, la prohibición de acercamiento podrá aplicarse de inmediato aun cuando la defensa se oponga, quedando la decisión final en manos de un juez.
La ley reconoce el derecho de la víctima a ser escuchada antes de que un tribunal autorice un juicio en ausencia; la víctima que se haya constituido querellante podrá intervenir en la audiencia de imputación, formular preguntas y aportar elementos. Además, la provincia amplía los supuestos en los que se pueden ofrecer recompensas por información útil, debiendo el Ministerio Público de la Acusación solicitar el ofrecimiento cuando ya exista una investigación penal abierta.
Se amplían también las excepciones que permiten allanamientos sin autorización judicial previa, como el ingreso por orden fiscal cuando se detecten armas en la vía pública y existan indicios de más armas u otros materiales controlados en un domicilio. En los cinco supuestos de urgencia, un juez revisará de oficio la legalidad del procedimiento dentro de las 24 horas siguientes a su finalización.
Para los puntos de venta de drogas, la reforma permite el cierre del local y la posibilidad de asignarle otro uso; la Fiscalía podrá ordenar medidas provisorias como bloquear accesos, y un tribunal podrá ordenar la restitución del inmueble al legítimo tenedor o autorizar, tras audiencia, su demolición irreversible. La normativa también contempla la recuperación de propiedades para actividades comunitarias o servicios públicos.
Un tribunal podrá autorizar un juicio en ausencia si la Fiscalía acredita que el imputado conocía la citación, sabía que podía ser juzgado sin comparecer y se agotaron las medidas razonables para lograr su presencia; el proceso exige la intervención de un defensor y permite que la causa llegue a sentencia aunque el acusado siga prófugo. Diputados retiró del proyecto original las zonas de intervención policial especial y la posibilidad de que la Policía interroge a imputados sin asistencia letrada.
En el ámbito penitenciario, el régimen agravado permite restringir visitas y comunicaciones o imponer aislamiento individual cuando el interno represente una amenaza grave para la seguridad pública, con posibilidad de revisión judicial. En materia de inteligencia preventiva, las tareas que afecten sustancialmente la privacidad requerirán autorización judicial y, ante indicios de delito concreto, deberá intervenir la Fiscalía.
El impacto para los vecinos se medirá en la rapidez de aplicación de medidas de protección, la efectividad del cierre de puntos de venta de drogas y la capacidad de avanzar causas que antes se retrasaban por la ausencia del acusado. La sanción habilita estas respuestas una vez que la ley entre en vigencia, y su efecto sobre el delito se conocerá a partir de los resultados de su aplicación.
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