CONDENAN A CINCO AÑOS DE PRISIÓN POR AMENAZAS AL PRESIDENTE COMUNAL DE MURPHY
El hombre identificado como J. O. B. fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva por amenazas coactivas agravadas contra Hugo Ezequiel Rodríguez, presidente comunal de Murphy.
La jueza penal Mariana Vidal impuso la pena este viernes 13 de noviembre en una audiencia de los tribunales de Venado Tuerto, homologando el acuerdo de procedimiento abreviado y declarando reincidente por tercera vez a J. O. B. La sentencia quedó firme y consentida en la misma sesión. La investigación determinó que el condenado había enviado varios audios al presidente comunal para presionarlo a tomar una decisión favorable respecto a la ubicación de su carro de venta de comidas.

El hecho se remonta al 24 de julio de 2026, cuando J. O. B. contactó a Rodríguez por WhatsApp exigiendo una solución al conflicto comercial. En los mensajes manifestó estar acostumbrado a situaciones de violencia, aludió a personas vinculadas a la organización conocida como Los Cantero y advirtió que actuaría fuera de la ley si no obtenía lo que pedía. En uno de los audios declaró que preferiría enfrentarse a tiros con la Policía antes que volver a prisión, generando temor en el funcionario por su seguridad y la de su familia.
El fiscal Facundo Peña, a cargo de la Unidad de Salidas Alternativas del Ministerio Público de la Acusación, lideró la causa, mientras que la investigación fue coordinada por Iván Gastón Raposo de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA de Venado Tuerto. Los investigadores reunieron declaraciones testimoniales, registros de conversaciones, archivos de audio y actuaciones policiales, lo que permitió reconstruir el intercambio y sustentar la responsabilidad penal del acusado.
Durante la pesquisa se realizaron allanamientos en Murphy, donde se incautaron elementos de interés y se detuvo a J. O. B. Raposo subrayó la necesidad de que las autoridades puedan ejercer sus funciones sin ser sometidas a intimidaciones, recordando que en una sociedad democrática los reclamos deben canalizarse por vías legales. El fiscal Peña también resaltó la labor conjunta de las unidades fiscales y reiteró que su deber es investigar, proteger a las víctimas y garantizar que ninguna amenaza quede por encima de la ley.
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