TRES EMPLEADOS MUNICIPALES DE CAÑADA DE GÓMEZ IMPUTADOS POR PRESUNTO FRAUDE DE 77 MILLONES DE PESOS

La Fiscalía de la provincia abrió una causa contra tres empleados de la Municipalidad de Cañada de Gómez por una presunta defraudación contra la administración pública. Según la acusación, entre noviembre de 2025 y junio de 2026 se habrían desviado $77.006.715,36 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones a cuentas bancarias personales mediante pagos registrados a nombre de beneficiarios fallecidos o inexistentes. La audiencia imputativa tuvo lugar el viernes 30 de octubre en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez, donde el fiscal Santiago Tosco señaló a dos mujeres y un hombre como coautores del delito y el juez Álvaro Campos aceptó la calificación legal, imponiendo medidas alternativas a la prisión preventiva por noventa días.

La principal imputada, identificada con las iniciales F.F., era la encargada de la Caja de Jubilaciones Municipal y tenía la responsabilidad de controlar los datos de los pagos. A ella se le atribuyen transferencias por $25.319.467,34 desde la cuenta institucional del municipio en el Banco Credicoop a una cuenta personal. La segunda acusada, M.A.F., trabajaba en tareas administrativas del mismo organismo y habría colaborado en la alteración de liquidaciones entre enero y junio de 2026, con acreditaciones irregulares por $24.647.169,02.

El tercer imputado, H.C., también empleado municipal y vinculado personalmente con la primera investigada, recibió $27.040.079 mediante transferencias sin respaldo en el padrón de beneficiarios.

El mecanismo consistía en registrar operaciones como pagos legítimos a jubilados y pensionados, cuando en realidad el dinero terminaba en cuentas ajenas a los destinatarios consignados. Se utilizaron registros de personas fallecidas, beneficiarios inexistentes y terceros sin vínculo con el sistema previsional. El fiscal Tosco indicó que los tres actuaron de forma coordinada, aunque la investigación sigue para precisar la responsabilidad individual y posibles nuevos movimientos irregulares que podrían incrementar el perjuicio económico.

Los primeros indicios surgieron en junio, cuando controles administrativos detectaron movimientos inusuales en la Caja de Jubilaciones. El secretario de Gobierno, Luciano Travaglino, explicó que el proceso habitual implica cargar lotes de información de más de 200 jubilados y pensionados con sus datos y cuentas bancarias. La revisión reveló beneficiarios fallecidos asociados a cuentas de los propios empleados y anticipos de haberes superiores a los autorizados.

El municipio denunció penalmente el hecho el 2 de julio, solicitando investigación por asociación ilícita, defraudación y demás figuras, y apartó a los tres implicados de sus funciones mientras avanzaba la causa.

El intendente Matías Chale informó que también se detectó una operatoria donde, después de recibir el dinero, se pedía a los beneficiarios que devolvieran la diferencia en efectivo bajo el pretexto de un error. Aseguró que el municipio buscará recuperar los fondos y que la situación no compromete el pago de jubilaciones, ya que la Caja liquida mensualmente más de $300 millones. Las medidas restrictivas impuestas a los imputados incluyen domicilio fijo, comparecencia mensual ante la Oficina de Gestión Judicial, autorización para salir del país y prohibición de ingresar a la Caja de Jubilaciones, vigentes hasta el 29 de enero de 2027.