Fernanda Castellani presentó dos iniciativas legislativas que buscan mejorar la detección temprana y garantizar la continuidad del acompañamiento sanitario tras una crisis suicida.
Fernando ReynosoLa diputada provincial Fernanda Castellani presentó dos proyectos de ley en la Legislatura de Santa Fe con el objetivo de fortalecer la prevención del suicidio y organizar el acompañamiento sanitario de las personas que hayan atravesado una crisis. Las propuestas establecen responsabilidades para los equipos de salud, mejoran la detección temprana y evitan que la atención se interrumpa al recibir el alta hospitalaria.
El contexto que motiva la iniciativa es la preocupación por las cifras provinciales: el Informe de Gestión 2025 del Ministerio Público de la Acusación registró alrededor de 448 muertes por suicidio en Santa Fe, lo que representa el 46,5 % de las 964 muertes violentas del mismo año. El primer proyecto, llamado Ley Provincial de Prevención del Suicidio, Atención Integral y Seguimiento Posterior al Alta Sanitaria, propone crear un sistema coordinado de prevención, asistencia y evaluación en todo el territorio.
El alcance del proyecto incluye hospitales, centros de atención primaria, servicios de emergencia y demás establecimientos públicos, con cooperación de municipios, comunas, instituciones privadas, escuelas y organizaciones comunitarias. Se establecerá un protocolo provincial obligatorio con criterios de intervención, derivación entre servicios y planes individuales de cuidados, además de capacitación continua y acciones comunitarias para facilitar el acceso, promover espacios de escucha y reducir la discriminación.
Antes del egreso, los profesionales deberán organizar un plan que indique quién continuará el tratamiento, las consultas posteriores y los recursos de apoyo disponibles, gestionando la primera cita desde el establecimiento de salud siempre que sea posible. El texto también prevé contactos dentro de las primeras 72 horas después del alta y prohíbe que la falta de turnos, la distancia o la ausencia de red familiar interrumpan la continuidad asistencial, contemplando alternativas para zonas rurales y pequeños municipios.
El segundo proyecto, titulado Protocolo de Seguimiento y Atención de Externación de Pacientes por Intento de Suicidio, se centra en quienes reciben el alta tras una internación por intento de suicidio. Designa al Ministerio de Salud de Santa Fe como autoridad de aplicación y establece que un equipo interdisciplinario evalúe la situación clínica y los factores de riesgo antes del alta.
Entre sus lineamientos, se incluyen contactos telefónicos o presenciales en las primeras 24 y 72 horas, la elaboración de un plan de cuidado conjunto y la identificación de referentes afectivos. Además, se garantiza una consulta ambulatoria dentro de los siete días posteriores al egreso, con prioridad para el primer control entre 48 y 72 horas, y se prohíbe el alta sin un turno de seguimiento asignado.
El protocolo prevé al menos una consulta mensual durante los primeros seis meses, con posibilidad de ajustar la frecuencia según la evaluación profesional. Si el paciente no acude al control programado, el equipo de salud activará mecanismos de búsqueda y contacto según criterios definidos por la autoridad.
Para niños, niñas y adolescentes se incluyen medidas específicas de protección de derechos y articulación con redes escolares o comunitarias, evitando la estigmatización, y se invita a establecimientos municipales, comunales y privados a adherir al protocolo. Ambas iniciativas toman como referencia la Ley Nacional de Prevención del Suicidio 27.130 y la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, y su aplicación dependerá de la aprobación legislativa y de los procesos de implementación correspondientes.
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