JUICIO POR INCENDIO EN LA PLANTA DE RESIDUOS DE VENADO TUERTO SE INICIA EL 17 DE SEPTIEMBRE

El juicio oral y público contra C. A. N., acusado de iniciar el incendio que en septiembre de 2022 se propagó por los campos de la zona rural y destruyó gran parte de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Venado Tuerto, comenzará el próximo jueves 17 de septiembre en la ciudad.

La Fiscalía ha adelantado que durante el debate solicitará seis años de prisión de cumplimiento efectivo, con la acusación sostenida por el fiscal Iván Raposo, quien dirigió la investigación, y la fiscal adjunta Larisa Barucca.

Según la requisitoria fiscal, el acusado deberá responder por incendio e incendio en concurso ideal con daño, en carácter de autor, y el escrito de acusación ubica el comienzo del episodio durante la tarde del 5 de septiembre de 2022 en el establecimiento rural La Josefina, continuando hasta el 7 de septiembre cuando alcanzó la planta municipal.

La hipótesis que llegará a juicio sostiene que el fuego fue iniciado de manera intencional en una porción de La Josefina para quemar pastizales y recuperar terreno productivo; la acusación afirma que C. A. N. conocía las condiciones existentes y el riesgo de que las llamas escaparan de control.

Entre los elementos incorporados al expediente está el testimonio de un trabajador de un campo vecino, quien declaró que el 5 de septiembre observó humo proveniente de La Josefina y se comunicó por WhatsApp con el acusado, recibiendo como respuesta que la situación estaba controlada y que la quema se realizaba para recuperar hectáreas del campo, y esa comunicación forma parte de la evidencia ofrecida para el juicio.

El avance del fuego estuvo favorecido, según la investigación, por la vegetación seca y el viento norte; un informe del Servicio Meteorológico Nacional incluido en la causa estableció que durante los primeros siete días de septiembre de 2022 no se registraron precipitaciones en Venado Tuerto y describió un proceso sostenido de secamiento del suelo durante los meses previos.

El 7 de septiembre las llamas llegaron al predio donde funcionaba la Planta de Tratamiento de Residuos; el personal presente tuvo que abandonar el lugar ante el avance del incendio, y la inspección posterior constató que el galpón principal quedó completamente quemado, junto con las maquinarias que funcionaban en su interior y dos acoplados, además de materiales almacenados en el predio.

El fuego también alcanzó establecimientos rurales vecinos, provocando pérdidas de sembrados, rastrojos, alambrados, postes, tranqueras, árboles y otras instalaciones; en uno de los campos frente a la planta se determinaron 32 hectáreas quemadas sobre una superficie total de 50 hectáreas.

Un informe elaborado por el área de Medio Ambiente municipal, a partir de pericias, datos de Bomberos e imágenes del satélite Sentinel 2A, calculó 401,87 hectáreas como superficie total afectada por el incendio.

Entre las pruebas que serán utilizadas durante el juicio se encuentran informes de Bomberos Zapadores, fotografías tomadas después del siniestro, registros del sistema satelital FIRMS, imágenes de Copernicus, documentación meteorológica y pericias destinadas a determinar el punto de inicio y el recorrido de las llamas.

La investigación técnica de Bomberos estableció que el proceso se produjo por el contacto de una llama libre con material combustible de origen orgánico, como ramas, troncos y vegetación seca, lo que permitió una rápida propagación.

También está prevista la declaración de trabajadores rurales, personal municipal, bomberos, peritos y propietarios de los establecimientos alcanzados por el incendio.

Raposo sostuvo que la Fiscalía buscará demostrar durante el debate que el episodio no fue consecuencia de un accidente inevitable; afirmó que en el juicio demostraremos que no se trató de un accidente inevitable, sino de una decisión consciente de iniciar fuego en un ámbito rural cubierto de material combustible, con conocimiento del riesgo concreto de propagación.

La requisitoria presentada por el MPA solicitó seis años de prisión efectiva, accesorios legales y costas, dentro de una escala penal que para el delito de incendio contempla entre tres y diez años de prisión.

El incendio marcó además un punto de inflexión para el sistema de tratamiento de residuos de Venado Tuerto; la planta destruida fue posteriormente reconstruida y ampliada, y la nueva instalación quedó inaugurada en agosto de 2024, con mayor superficie y capacidad de procesamiento que la anterior.