Fernando ReynosoEl 5 de septiembre de 2026, Argentina dará inicio a la aplicación de la Ley 27.801, un hito histórico que reemplaza el régimen penal de minoridad establecido durante la última dictadura militar mediante la Ley 22.278 y se alinea con los tratados internacionales de derechos humanos.
El elemento más polémico de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, lo que permitirá que los adolescentes de 14 y 15 años sean investigados, juzgados y sancionados por delitos tipificados en el Código Penal, a diferencia del régimen anterior que los consideraba inimputables hasta los 16 años.
A pesar de la rebaja, la normativa impone límites estrictos a las penas privativas de libertad, estableciendo que el encierro será una medida excepcional y de última instancia, reservada únicamente para delitos graves que impliquen violencia física o riesgo de vida, y que para infracciones menores se priorice la justicia restaurativa.
El nuevo proceso penal exige que jueces, fiscales y defensores cuenten con formación específica en derechos de la niñez y la adolescencia, garantizando que los juicios no sean meros trámites tutelares sino procesos con plazos claros y garantías constitucionales, donde el adolescente tenga derecho a ser escuchado en todas las etapas.
La entrada en vigor a nivel nacional en septiembre de 2026 plantea un reto federal, ya que las provincias, con la facultad de organizar sus propias justicias, deberán adaptar sus códigos procesales, convertir sus institutos de menores en centros de alojamiento especializados y capacitar a sus cuerpos policiales y judiciales, con el éxito de la Ley 27.801 dependiente en gran medida del presupuesto e infraestructura que los gobiernos locales destinen para su aplicación.
